Es innegable la dependencia de las finanzas de los recursos petroleros.  Agustín Carstens,  quien fuera secretario de Hacienda, consideró en ese entonces que era (y sigue siendo) necesaria e impostergable una reforma hacendaria que ya no dependa exclusivamente del petróleo, ya que tarde o temprano, los altos precios del crudo podrían venirse abajo.
Sustentó, además, la iniciativa del presidente, dijo que ésta tiene el objetivo de mantener los hidrocarburos como patrimonio de la nación y que estos se traduzcan en mayores beneficios para los mexicanos.
Sin embargo, el ahora gobernador del Banco de México, alertó que la relación Pemex-Gobierno debe modificarse y ser superada, para que el país tenga un futuro menos incierto, tomando en cuenta la volatilidad del precio del petróleo y que su extracción sea cada vez más cara.
“La afortunada dotación de hidrocarburos que tiene México nos ha permitido  posponer decisiones tributarias. Tradicionalmente nos hemos recargado en los recursos petroleros para financiar el desarrollo, aun cuando, subrayó, en la mayoría de los casos, lo hemos hecho con apego a principios”.
Agustín Carstens, en ese entonces, rechazó que la reforma hacendaria que se planteó en ese entonces, fuera la panacea para  resolver los problemas de que adolece Petróleos Mexicanos, pero lo que sí recalcó es que Pemex está “vivito y coleando”.
“Las iniciativas presidenciales mantienen inconmovibles los principios que dieron origen a la paraestatal, esto es, la propiedad de la nación sobre la renta petrolera y la rectoría del Estado sobre la exploración de los hidrocarburos…
Indicó que la propuesta presidencial se sustenta en cuatro ejes fundamentales que acometan con urgencia  los cambios que den lugar a un  Pemex más fortalecido, más flexible, más transparente,  más eficiente, porque el curso de los acontecimientos no se detiene.
Cundo el entonces secretario de Hacienda Agustín Carstens comentó lo anterior, agregó también que las plataformas de producción seguirían declinando y las importaciones de combustibles seguirían  creciendo, y revertir estas tendencias era el reto esencial para lograr un México más próspero y más justo.
Desgraciadamente para el grueso de la población, es como si fuera ya una historia olvidada y archivada. Nada de lo que se dijo se pudo concebir en algo provechoso, en algo que repercutiera en beneficio de la mayoría.
Pero, mientras el Ejecutivo se pelea con los legisladores, en un pleito que nunca termina, veamos algunas cifras que revelan otra realidad.
Cada año, México pierde 12 mil millones de pesos por robo en ductos y terminales.  Hasta el 2005, las pérdidas por venta incompleta de litros de gasolina y diesel en algunas estaciones de servicio, se calculaba entre 18 mil y 20 mil millones de pesos. Otros 16 mil millones de pesos se pierden por la comercialización de productos adulterados.
Los daños a la economía nacional son de casi 50 mil millones de pesos, de acuerdo con un informe del Senado. Esa cifra representa más de tres veces el dinero que el gobierno federal destina al programa para el fortalecimiento de las entidades federativas.
Desde hace años se ha estado dando largas a la solución del problema del mercado negro de combustibles. ¿Qué intereses afectaría?  ¿Están involucrados trabajadores y funcionarios?    ¡Chi lo sá!  ¿Quién lo sabe?